2021 será un año significativo para la región. México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Venezuela celebrarán elecciones este año. En algunos países estas elecciones servirán para elegir nuevo gobierno, en otros para elegir nuevos representantes ante el órgano legislativo u otro tipo de autoridades, con lo que se reconfigurará el mapa político de la región. El escenario que enfrenta la juventud es el mismo de siempre: la exclusión política. Los partidos políticos a través de sus procesos internos (democráticos o no), seleccionarán a sus candidatos para los puestos de elección pública. Las personas jóvenes se llevan por lo general la peor parte: o no son seleccionados como candidatos, o son seleccionados en puestos no ganadores. La desconfianza hacia la juventud y sus capacidades, es una constante en la política criolla latinoamericana. Lo ha sido desde siempre.
Pero ¿Por qué nos debe importar tanto la participación política de la juventud? ¿Tiene algún impacto para los derechos de la juventud su baja representación política en los espacios de toma de decisión? ¿Se ven condicionados los derechos humanos de la juventud por el tipo de representantes que tenemos ante los órganos legislativos? La respuesta es sí. En este escenario de exclusión, la situación de la juventud no es nada alentadora. El empleo precario/desempleo juvenil, la escasa participación/representación política, la falta de educación sexual y reproductiva, el embarazo infantil, la violencia, la migración, entre otros, son algunos de los problemas que afectan a este sector. Problemas que podrían encontrar mejores soluciones si las personas jóvenes (como principales afectadas) lograran una mayor representatividad en los espacios de tomas de decisiones, sobre todo en el órgano legislativo que es el foro político por excelencia. La presencia de la gente joven en este tipo de espacios en los ámbitos nacionales o locales puede impulsar una renovada agenda juvenil que se puede, a su vez, reflejar en nuevas leyes, políticas públicas o planes y programas para/desde la juventud, al igual que la presencia de mujeres en los parlamentos ha favorecido la construcción de una agenda de género a favor de ellas mismas.
Para la Organización de Naciones Unidas, juventud abarca a aquellas personas de entre 15 y 24 años; esa edad puede variar en dependencia de lo establecido en las leyes nacionales de cada país, muchas de las cuales ubican a la juventud como una categoría etaria que abarca desde los 18 hasta los 30 años, inclusive. En algunos países como Nicaragua, se logra notar una brecha incomprensible entre la edad en que la persona se encuentra habilitada para ejercer el derecho político del voto (16 años) y la edad en que puede ser electa en un puesto público: 21 años diputados y alcaldes y 25 años para presidente. Una brecha de entre 5 y 9 años dependiendo del cargo al que se aspire. Retomando este último dato podemos preguntarnos ¿a los 16 años las personas tienen suficiente madures para elegir representantes, pero no para ser electos como autoridades públicas?, ¿cuál es el trasfondo de esta decisión? Esta misma brecha está presente en mayor o menor grado en la mayoría de los países de la región, aunque en la práctica esta brecha o “tiempo de espera” es mayor, si consideramos que la edad promedia de un parlamentario/a es de 53 años y la edad promedio en que las personas jóvenes logran acceder al parlamento es de 27 años para una cámara baja y 33. 2 años para la cámara alta.
Algunos datos recientes sobre la edad de representantes parlamentarios en el mundo, indican que la edad de la mayoría de legisladores/as oscila entre los 41 y 70 años, y que apenas un 2.2% de parlamentaristas son menores de 30 años. Las cifras en el continente americano tampoco da muestras de avances significativos, puesto que apenas 3.8% de ellos/ellas son menores de 30 años, con lo que se confirma una vez más que la igualdad efectiva en la representación legislativa a favor de las personas jóvenes, sigue siendo una tarea pendiente para los Estados.
Impulsar la participación política de la juventud en los espacios públicos de toma de decisiones ya sean de elección popular o no, es una tarea urgente. Más allá de su ideología o de su preferencia política, las y los jóvenes al ser parte de una misma generación, comparten las mismas preocupaciones e intereses, a diferencia de los adultos, que pueden estar desconectados de la realidad que abruma a las juventudes y, por tanto, desconectados de las posibles respuestas que ellas y ellos necesitan. Las leyes de juventud aprobadas en décadas pasadas fracasaron en este intento de estimular y aumentar la participación/representación política de la juventud, ya sea por debilidades en su diseño o por falta de voluntad política de los actores políticos responsables de hacerlas cumplir, principalmente de los partidos políticos, muchos de los cuales tienen altos déficits democráticos en su funcionamiento interno y se encuentran gobernados en su mayoría por personas que encarnan prácticas adultocéntricas.
Ante este fracaso, un mecanismo que ha demostrado su eficacia en estimular la participación política de grupos históricamente excluidos, es el mecanismo de cuotas, que se ha utilizado principalmente para favorecer la participación política de las mujeres y, aunque el recorrido de las mujeres no ha sido nada fácil, hoy se puede apreciar el impacto positivo que han tenido estas reformas jurídicas impulsadas en América Latina, pues la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ha ido creciendo considerablemente en los últimos años impactando en los derechos de las mujeres en la región. Veamos por ejemplo los datos sobre el porcentaje de mujeres en el órgano legislativo nacional facilitados por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, los cuales evidencian que estas cuotas han aumentado la presencia de las mujeres en los parlamentos latinoamericanos hasta en un 32%, cifra que a mediados de la década de los 90 se situaba en apenas 9.4% senadoras y 11.6% diputadas.
A estas alturas para nadie es un secreto que las juventudes son también un grupo vulnerable. La vulnerabilidad de la juventud se da por una razón cultural y está asociada a su edad. Al joven se le asume como inexperto, inmaduro y en consecuencia enfrenta mayores obstáculos para acceder a un puesto público, por poner un ejemplo.
La idea de la vulnerabilidad está asociada a la existencia de obstáculos o barreras adicionales para acceder a los derechos, por tanto, para ser superadas, requieren de un impulso o de un esfuerzo adicional del Estado a favor de estos grupos (acciones afirmativas). Las personas vulnerables al enfrentar barreras que no enfrentan otras personas o grupos requieren de un Estado beligerante que accione el derecho y las políticas públicas para favorecer su inclusión. La obligación del Estado frente a las personas y grupos vulnerables es adoptar medidas legislativas o de cualquier otra índole para eliminar los obstáculos que enfrentan para acceder a los derechos en cuestión, al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido tajante al señalar que estos grupos gozan de una protección especial y que es imperativa la adopción de medidas positivas.
El Estado al dar respuesta a las juventudes, debe hacerlo desde una visión integral e interseccional, procurando garantizar la inclusión de otros grupos y sectores que se encuentran en una situación equivalente, sobre todo, si consideramos que muchas veces se suman múltiples vectores de desigualdad en una sola persona, haciendo más difícil su posibilidad de ejercer los derechos, en este caso, los derechos políticos; por ejemplo, pensemos en una persona joven, a la que se le suman otras aristas de desigualdad como ser mujer, lesbiana, negra o indígena y pobre. Sus posibilidades siempre serán menores que las de una persona joven, varón, heterosexual y blanco. En este camino es destacable el tímido esfuerzo realizado por el Poder Electoral de México para garantizar la inclusión de varios grupos históricamente excluidos de la vida política como son las juventudes, las comunidades indígenas y las personas LGTBIQ+.
La ruta es la misma
Las cifras sobre el porcentaje de representación que posee la gente joven en escaños parlamentarios en algunos de los países que tendrán elecciones este año, reflejan la falta de confianza y de espacios para que la juventud puede incidir en la toma de decisiones. La situación actual de las juventudes es similar a la que enfrentaban las mujeres hace varias décadas, pues a pesar de representar el 50% de la población mundial y un porcentaje similar en cada país, eran excluidas de la vida política.
En algunos países se impulsaron hace unos años leyes de juventud que pretendían mejorar la representación de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones. Muchas de esas leyes, contemplaban una cuota política para la juventud, pero a diferencia de la cuota de género que se impuso mediante mecanismos obligatorios, la cuota juvenil quedó a discreción de los partidos políticos, y la autoridad electoral nunca los sentenció para cumplir con sus estatutos internos y obligarlos a postular en sus candidaturas una mayor proporción de personas jóvenes. Quizá por eso nada ha cambiado para la juventud en las últimas décadas.
Es hora de dar un giro radical a esta situación. Es hora de establecer una cuota política para las juventudes con carácter obligatorio y vinculante para los partidos políticos; será la única manera de lograr verdaderamente que los jóvenes y las jóvenes logren acceder a puestos públicos de toma de decisiones, como los parlamentos y empiecen a transformar la realidad latinoamericana. Otro paso importante en este propósito será la reducción de la brecha entre la edad para elegir y la edad para ser electo, al menos en los parlamentos y poderes locales, garantizando que las juventudes no sean vistas solo como votos, sino como sujetos políticos capaces de asumir responsabilidades históricas. Ahora solo queda esperar para saber qué países asumirán este reto.
Mario Isaías Tórrez Director Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos, UPOLI, Nicaragua (2013). Máster en derechos Humanos y democracia (CIEP- UNSAM), maestrando en derecho electoral (Universidad Castilla La Mancha) Jerson Cerda Tijerino, Docente investigador, Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua.
