Última llamada para la democracia: la revisión de la reforma judicial por la Suprema Corte.
On 01/11/2024 by adminEs innegable que los modernos Estados constitucionales de derecho, tienen como presupuesto fundamental (o al menos como una auténtica y legítima aspiración) la observancia del funcionamiento virtuoso de la tríada compuesta por la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
Bajo esta perspectiva es como debemos abordar la coyuntura en la que hoy se encuentra México, con motivo de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial. La cual propone esencialmente que la designación de todos los juzgadores del país [federales y locales] (incluidos los ministros de la Suprema Corte) se realice a través de una elección periódica por voto popular; lo que implica la destitución de la totalidad de los jueces que en la actualidad se encuentran en funciones (entre 2025 y 2027).
Prisión preventiva oficiosa, jueces sin rostro y elección popular de personas juzgadoras en México. Tres riesgos de la reforma en México
On 01/11/2024 by adminEl artículo expone los riesgos de la reforma judicial en México desde una perspectiva de derechos humanos. Critica la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la elección popular de personas juzgadoras y la figura de jueces sin rostro, por contravenir estándares interamericanos y comprometer la credibilidad del Estado mexicano a nivel internacional. Concluye que la invalidación parcial de la reforma es una alternativa viable que debe abrir paso a un diálogo genuino que permita construir una verdadera reforma judicial que atienda los problemas reales y urgentes de la justicia en México.
El debate sobre la reforma judicial en México frente a la teoría de democratización y ciudadanización de la justicia. Algunas ideas a considerar en México y la región
On 13/09/2024 by adminEste artículo toma como punto de partida el debate sobre la reforma judicial en México que propone la elección de todas las personas juzgadoras a través del voto popular; sin embargo, no se queda ahí, sino que a partir de esta controversial propuesta reflexiona sobre dos aspectos de fondo que deben mejorarse en la justicia tanto en México como en el resto de los países de Latinoamérica, sobre todo en aquellos en los que el sistema judicial enfrenta una grave crisis de legitimidad.
El fin del estado de interdicción en México
On 05/06/2024 by adminEl tratamiento jurídico de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial partiendo de un modelo de paternalismo jurídico en el que el tutor substituye la voluntad jurídica de la persona con discapacidad, dejando a esta en un estado de virtual inexistencia civil. Esto contraviene el modelo y reglas establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Fue a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en México, logró declararse la inconstitucionalidad del estado de interdicción, y se consolidó un nuevo modelo social que reconoce a la sociedad como un factor “incapacitante” para las personas con discapacidad.
Tauromaquia en México. Un caso difícil.
On 09/02/2024 by adminLas diferentes posturas éticas y legales sobre la tauramaquia en México, hacen que los tribunales de ese país se muestren una vez más como un campo de batalla por los derechos. Verlos desde una perspectiva que involucra a los diferentes actores, nos permite entender mejor el tema
Prisión preventiva en México: la constitucionalidad de una sentencia oficiosamente anticipada
On 17/04/2023 by adminEl 12 de enero de 2006, Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, se desplazaban sobre la carretera México-Veracruz, cuando fueron abordados por dos integrantes de la Policía Federal, en un procedimiento que terminó con su incomunicación durante algunos días y con una acción penal por parte de la Procuraduría General de la Republica por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo. El caso recibió recientemente una sentencia de la Corte IDH en la que declaró que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales, presunción de inocencia, y a las garantías y protección judiciales cometida en contra de Jorge, Gerardo y Gustavo.