Derechos amenazados y violencias estructurales contra niñas en Brasil

En las últimas semanas, Brasil fue sacudido por datos alarmantes publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes en situación de matrimonio infantil. Según el organismo, en 2022, 34 mil niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años estaban en algún tipo de unión conyugal, siendo el 87% en unión consensual (sin registro oficial o únicamente con unión estable), el 7% en matrimonio civil y religioso, el 4,9% solamente civil y el 1% solamente religioso (IBGE, 2025).

Todas estas uniones son de naturaleza ilegal, dado que, desde 2019, el matrimonio de menores de 18 años está expresamente prohibido. De acuerdo con la legislación brasileña, las personas menores de 16 años no pueden casarse bajo ninguna circunstancia, mientras que los adolescentes entre 16 y 18 años solo pueden contraer matrimonio con la autorización de ambos padres o responsables legales (BRASIL, 2002). Sin embargo, la ley no impone ninguna restricción en cuanto a la edad del otro cónyuge, permitiendo, por ejemplo, la unión entre un adolescente dentro de ese rango etario y una persona adulta.

Es importante destacar que, hasta 2005 (hace poco tiempo), el Código Civil preveía la posibilidad del llamado “matrimonio reparador”, es decir, el matrimonio de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual con sus agresores, resultando así en la extinción de la punibilidad del delito. La ley incluso podía autorizar el matrimonio de menores de 14 años, lo cual se considera delito de violación de vulnerables, de acuerdo con el Código Penal. A pesar del cambio normativo de año 2019, la legislación aún mantenía como excepción a la prohibición del matrimonio de menores de 16 años los casos de embarazo.

En ambas situaciones, las legislaciones reflejaban normas tradicionales y desiguales de género, especialmente porque los datos ya señalaban a las niñas como principales víctimas de estas violencias. De ese modo, las normas servían ya sea para culpabilizarlas y castigarlas (mediante el matrimonio y la violencia sexual) (PLAN INTERNATIONAL BRASIL, 2019), o para tratar el matrimonio como una supuesta solución socioeconómica para la problemática del embarazo infantil. Tal práctica acababa legitimando situaciones de violencia y vulnerabilidad contra niñas y adolescentes, manteniendo desigualdades presentes en la sociedad.

Aunque la evolución legislativa representa un hito en la protección de niñas, niños y adolescentes, la nueva investigación del IBGE revela que el matrimonio infantil sigue presente en la sociedad brasileña, y aunque, en su mayoría esto ocurre de manera informal, en algunos casos se encuentra legitimada por notarías o entidades religiosas. Esto muestra que la práctica continúa afectando de manera desproporcionada a las niñas, en su gran mayoría pardas, de bajos ingresos y con poca escolaridad, lo que corresponde a procesos estructurales de violencia relacionados con las interseccionalidades de género, raza y clase.

Según el relevamiento, 26,4 mil de las uniones estables involucraban a niñas, mientras que menos de 8 mil involucraban a niños. Entre estas niñas, el 62% eran pardas (de tez oscura), el 27% blancas, el 9,2% negras, el 1,5% indígenas y el 0,1% amarillas. En relación con la escolaridad, el 89% de las niñas no tenían instrucción o tenían la educación primaria incompleta. Aunque no es posible hacer una distinción de género, el organismo estadístico señala que el 80% de las niñas y niños en situación de matrimonio infantil pertenecían a familias con ingresos de hasta un salario mínimo y cerca del 6% a familias sin ningún tipo de ingreso, es decir, en extrema vulnerabilidad económica (IBGE, 2025).

Datos del Ministerio de Salud provenientes del Sistema de Información sobre Nacidos Vivos (SINASC) complementan este panorama y señalan otra situación preocupante: entre 2013 y 2023, se registraron 232 mil nacimientos de bebés cuyas madres eran niñas de hasta 14 años (BRASIL, 2025a). En 2022, se contabilizaron 14.293 nacimientos, de los cuales 2.278 correspondían a niñas que se encontraban en algún tipo de unión conyugal, más de la mitad identificadas como pardas (de tez oscura) y con baja escolaridad (BRASIL, 2025a). Una vez más, el perfil de vulnerabilidad se repite.

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que cualquier tipo de relación sexual con menores de 14 años es considerado delito, los casos continúan ocurriendo normalmente en el país. Tal como destaca el Informe Anual Socioeconómico de la Mujer (RASEAM) de 2025, más allá de un problema de salud pública o de falta de acceso a educación sexual, el embarazo en la infancia y adolescencia constituye una violencia estructural en la sociedad brasileña, producto de la intersección entre la cultura de la violación, la pedofilia y prácticas de misoginia (BRASIL, 2025b).

Este odio hacia las niñas ha encontrado terreno fértil en la esfera legislativa. En la misma semana en que el IBGE divulgó datos sobre el matrimonio infantil, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que pretende suspender la resolución n.º 258/2024 del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (CONANDA), la cual establece protocolos de atención para garantizar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual el derecho al aborto legal y seguro. Ahora el proyecto pasa a evaluación en el Senado.  En caso de ser aprobado, representará un grave retroceso en la protección de la infancia y adolescencia en el país, al dificultar el acceso de las víctimas a la atención humanizada y afectar sobre todo a niñas que sufren cotidianamente situaciones de violencia sexual.

Cabe señalar que, al contrario de lo que pregona el conservadurismo, la resolución no establece ningún derecho nuevo, solamente fija directrices para la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, incluido el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, previsión ya garantizada por la ley. La medida también dispone la necesidad de capacitación continua de profesionales de la salud y de los órganos de protección para responder adecuadamente a estos casos, priorizando la escucha de la niña o niño y el respeto a su autonomía.

En medio de este escenario, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y campañas como “Criança Não é Mãe” siguen luchando para frenar retrocesos y garantizar infancias libres de violencia. A pesar de estos esfuerzos y de la divulgación de datos concretos sobre problemáticas como el matrimonio infantil y la violencia sexual, es necesario concientizar a la sociedad sobre la urgencia de proteger a niñas, niños y adolescentes, y actuar directamente en el enfrentamiento de las desigualdades de género, raza y clase que sostienen y naturalizan estas prácticas en la sociedad brasileña.

Bibliografia

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sistema-de-informacao-sobre-nascidos-vivos-sinasc. Acesso em: nov. 2025.

BRASIL. Ministério das Mulheres. Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Relatório Anual Socioeconômico da Mulher: RASEAM. Ano 7, mar. 2025. Brasília: Observatório Brasil da Igualdade de Gênero/MMULHERES, 2025.

IBGE. Censo demográfico 2022: nupcialidade e família – resultados preliminares da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2022/amostra-nupcialidade-e-familia. Acesso em: nov. 2025.

PLAN INTERNATIONAL BRASIL. Tirando o véu: estudo sobre casamento infantil no Brasil. São Paulo: Plan International Brasil, 2019.

UNICEF. Child Marriage. New York: UNICEF, 2023. Disponível em: https://www.unicef.org/protection/child-marriage. Acesso em: nov. 2025.

Catherine Castanheira

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), especialista en Garantía de los Derechos y Políticas de Atención a la Infancia y Adolescencia por la Universidad de Brasília (UnB) y actualmente estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia para América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).